Ante la progresiva eliminación del carbón como materia prima para la producción de energía en Europa y Reino Unido, la atención se centra hoy en la huella de las emisiones procedentes de las fuentes de energía que pretenden sustituirlo.
Junto con el gas natural, el sector de la valorización energética (WtE) se está convirtiendo en un componente importante de la cesta energética, debido en parte a su capacidad para sustituir a los carbones como fuente de energía de carga base disponible continuamente, a diferencia de las fuentes renovables intermitentes como la eólica y la solar. Si bien la atención de los medios de comunicación se centra cada vez más en los niveles de emisiones de carbono asociados a la combustión de materias primas de biomasa, la valorización energética también desempeña un papel crucial a la hora de limitar los residuos en los vertederos, reducir las emisiones de metano y proveer una solución de gestión de residuos más sostenible.
La estrategia para contrarrestar esta tesis consiste en el registro eficaz de los datos de emisiones de CO₂ y la elaboración de informes transparentes. Por tanto, no se trata simplemente de reflejar las emisiones totales de CO₂ procedentes de la combustión de biomasa, sino de distinguir la proporción de CO₂ producido a partir de fuentes biogénicas, es decir, las emisiones provenientes de los residuos de alimentos, del papel y la madera, que emiten CO₂ durante la combustión o descomposición como parte del ciclo natural del carbono, y cuyas emisiones se consideran neutras en carbono si se gestionan de forma sostenible.
Al distinguir entre las emisiones biogénicas y las de combustibles fósiles (por ejemplo, los plásticos o los materiales sintéticos derivados de los hidrocarburos, que despiden CO₂ considerado previamente almacenado en su estado fósil), los operadores de WtE no solo consiguen mejorar la credibilidad de las partes interesadas, sino también crear mecanismos que respalden la legislación medioambiental, susciten más inversiones y posicionen la valorización energética como un actor admisible en la economía circular.
Los operadores deben realizar avances en tres áreas. En sus instalaciones, será obligatorio adoptar tecnologías de monitorización para medir las emisiones, mediante la instalación de sistemas de muestreo continuo conformes con la norma ISO 13833 / EN ISO 13833, de julio de 2013, que normaliza el procedimiento de determinación de la proporción de CO₂ biogénico del volumen total de CO₂ producido en un flujo de emisión. Idealmente, el propio sistema se instala como una solución de sistema completo, como el AMESA-B de ENVEA, un sistema de muestreo que garantiza la captura constante y estable de muestras necesaria para lograr mediciones de CO₂ precisas y fiables.
En segundo lugar, la verificación por un tercero de los datos de CO₂ con el fin de mejorar la credibilidad y la transparencia genera confianza. Para ello, puede realizarse un análisis independiente de los datos de la muestra de emisiones a través de un laboratorio certificado que lleve a cabo el análisis biogénico mediante el procedimiento especificado de datación por radiocarbono 14C.
Por último, la adopción y conformidad con la normativa mundial y regional, como la norma ISO 13833 / EN ISO 13833 sobre elaboración de informes de emisiones, generará confianza en que el proceso de combustión de biomasa es un medio aceptable para respaldar la descarbonización y los objetivos de energía neta cero.
Los beneficios de la medición del CO₂ biogénico son diversos. Los informes precisos de CO₂ biogénico constituyen una medida proactiva para comunicar los beneficios de la biomasa, ya que aportan pruebas objetivas y científicas del impacto medioambiental de la valorización energética. De esta manera, los operadores pueden entablar debates informados con las partes interesadas, al demostrar su compromiso con la gestión responsable de las emisiones conforme a la normativa internacional.
Los datos de emisiones de CO₂ biogénico permiten a los operadores de valorización energética no solo cumplir con la legislación medioambiental, sino además reunir los requisitos para disfrutar de incentivos financieros como créditos de carbono o subvenciones para energías renovables. Y las reglas están cambiando: los marcos reguladores, como el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE), están imponiendo responsabilidad jurídicamente vinculante a los operadores de valorización energética por sus emisiones de CO₂. Por ejemplo, Reino Unido tendrá que monitorizar sus emisiones de CO₂ a partir del 1 de enero de 2026, mientras que tanto Reino Unido como la Unión Europea impondrán un límite a las emisiones de CO₂ derivadas de la biomasa en 2028. El cumplimiento de estas exigencias solo se garantiza a través de los informes de CO₂ biogénico.
Para lograrlo, los informes precisos de CO₂ biogénico son una herramienta cada vez más potente para los operadores de valorización energética, que va más allá de la mera conformidad para convertirse en el principal medio de fortalecer la reputación de la industria en el cambiante panorama normativo, además de generar inversiones. Esta oportunidad tiene como cimientos la adquisición y el análisis precisos de datos de emisiones biogénicas, los cuales ofrece el sistema AMESA-B de ENVEA como solución única, completa, fiable y creíble. Se trata de una inversión para proteger el planeta, las ganancias de los operadores y el futuro de la propia valorización energética.
Durante el proceso de entrega de polvos a granel como cemento y cal en silos, ocurren eventos críticos de sobrepresión y emisiones de polvo que pasan desapercibidos. Muchos de estos eventos son causados por problemas de mantenimiento o errores del operador, generando riesgos para el personal, los equipos y el medio ambiente.
En diciembre de 2022, la UE publicó el documento de referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles (BREF) para los sistemas comunes de gestión y tratamiento de gases residuales en el sector químico (WGC). Desde su publicación, se estableció un plazo de cuatro años para que los operadores pudieran cumplir los requisitos. En 2023, los operadores debían presentar un “expediente de reconsideración de la autorización”, que incluía una verificación de conformidad con las BAT, un informe de base del suelo y una revisión de las 36 conclusiones BAT (tanto generales como específicas del sector).
